La política económica es uno de los cinco instrumentos públicos más importantes del Estado nicaragüense junto a la política educativa, política de salud, política de seguridad y convivencia ciudadana (policía, prevención, penal, criminal, penitenciaria, migratoria) y política de relaciones exteriores y cooperación externa (alta dependencia de cooperación). La política económica debe ser una política económico-social, no puede verse separada de la gente, del bienestar público, del mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de la reducción de la desigualdad, protección medioambiental y atención preferente a los sectores y territorios vulnerables.
En agosto de 2007 el Banco Central de Nicaragua publicó el Plan Económico Financiero (PEF) 2007-2010, el cual, según nuestra consideración y tomando en cuenta los parámetros utilizados por los organismos financieros internacionales, proyecta políticas y metas aceptables. Estima un incremento económico anual del 5% con tasa de inflación del 7%, vincula, como pocas veces se ve en planes económicos gubernamentales, metas sociales encaminadas a los servicios de salud, educación, agua, saneamiento, vivienda, seguridad y soberanía alimenticia, protección social. Nos referiremos a la posibilidad real de alcanzar las metas previstas, partiendo de que existe un contexto económico y estructural interno, externo o heredado imponiendo restricciones. Quizás el panorama para formular el PEF ha sido optimista, y quisiéramos serlo porque hay prisa por enfrentar el atraso, el desempleo, la desigualdad y el profundo déficit social, de infraestructura y económico que requiere al menos dos décadas de una visión de desarrollo sostenida. Hay tres condiciones favorables en el Gobierno actual, diferentes a la década de los 80: no hay guerra; no hay bloqueo; asumió el poder con legitimidad, en el marco del Estado de Derecho.
Obstáculos externos
Percibimos tres obstáculos externos o heredados. El creciente incremento del precio del petróleo está por llegar a la barrera histórica de los cien dólares el barril y amenaza con seguir aumentando.
El deterioro de la económica norteamericana, cuyo efecto en la economía real aún no es posible estimar. El dólar, moneda en la cual se manejan nuestras reservas, pierde poder. Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal, afirma que “el ciclo favorable ha terminado”, ahora queda la resaca por los altos precios de las acciones y la vivienda, se ha creado una “burbuja especulativa”, el precio del petróleo les ha afectado, el crecimiento de la producción cae, la inflación aumenta, se elevan las tasas de interés, se avecina “la era de la turbulencia”, aumenta la incertidumbre. ¿Cómo se financiará el déficit norteamericano con un dólar depreciado? ¿Qué efectos provoca? Los impactos cada vez más globales de la economía son difíciles de evadir. Nuestras vulnerabilidades son altas.
La crisis energética que el país enfrenta es herencia de las últimas administraciones, quienes no promovieron inversiones sustantivas para resolver el inminente problema. No se trabajó en serio un programa de desarrollo energético ni se promovió la hidroeléctrica, a pesar del potencial nacional. Nicaragua es hoy el único país centroamericano obligado a racionamiento diario debido al déficit de 80 megavatios y con un ocasional equilibrio frágil entre oferta y demanda. No hay capacidad energética para soportar el crecimiento económico, la pequeña y mediana empresa enfrenta costos adicionales y caída de sus operaciones. El Gobierno anterior perdió el tiempo en las contradicciones con el liderazgo del partido político que lo llevó al poder, siendo incapaz de enfrentar asuntos fundamentales: la infraestructura vial, la deuda interna, el desarrollo enérgico y el déficit social y pobreza.
Soluciones y problemas
La alianza con Venezuela es, en términos pragmáticos, la opción posible para amortiguar en condiciones favorables la factura petrolera nicaragüense. La solución del problema energético requiere inversión pública o privada significativa bajo un plan de emergencia enérgica por un período no menor de tres años. Un Gobierno de signo político distinto del actual, no interesado en consolidar alianza con el Gobierno bolivariano, enfrentaría ahora el problema agravado, mayor déficit en la balanza comercial y aguda pérdida de reservas por la deuda petrolera. Las tardes y noches en la oscuridad son remanente de la administración pública precedentes quien colapsó la frágil capacidad enérgica del país, al gestionarla sin previsión y agotar sus fuentes. Hay que evaluar al Gobierno actual no por racionar la electricidad, sino por cómo aborde la solución del problema, el cual es imposible resolver en el corto plazo. Hay una pesada carga de obstáculos.
A los graves problemas anteriores sumaremos otros “activos heredados”. La mayoría de los servicios públicos han sido privatizados (generación y distribución eléctrica, telecomunicaciones, banca comercial, parte del sistema de educación y salud pública). La economía tiene rigidez estructural dependiente y desigual, una política fiscal regresiva. Carencia de fomento, créditos y asistencia a la producción agropecuaria. Deterioro e insuficiente desarrollo de la red de caminos y carreteras. Deterioro de la infraestructura social, particularmente de escuelas, centros de salud, hospitales, centro recreativos y deportivos, viviendas populares, etc. Altas obligaciones de deuda pública interna en beneficio del sector financiero. Profundización de la corrupción pública y privada en el Estado, privatizaciones irregulares, quiebras bancarias, exoneraciones e “incentivos fiscales”, megasalarios y otros han carecido de transparencia, requiriéndose replantear la eficiencia de la organización gubernamental.
Ahora se agrega el desastre humano, productivo, social, de infraestructura y ecológico en la Región Autónoma del Atlántico Norte, causado por el huracán Félix. Las incesantes lluvias y desbordes de ríos ocurridos en la región del Pacífico y Central del país han extendido el desastre a casi todo el territorio nacional, sumado a la crisis de salud pública provocada por la leptospirosis. Lo anterior exige esfuerzos extraordinarios del Estado, la sociedad y la cooperación internacional para superar el atraso tradicional y reducir las vulnerabilidades socioeconómicas. A los problemas existentes se han sumado los nuevos.
Urge un consenso básico
A septiembre 2007, estimaciones oficiales y de economistas independientes afirmaban que la meta de inflación del año puede ser del 10%; –pienso que llegará al 12%– y la de crecimiento no será mayor al 3.4%; –considero que no llegará al 3%–. Estas son distintas a las proyectadas inicialmente. No cabe duda de que las causas por no alcanzarlas serán mayormente explicadas en lo antes enumerado. El país requiere construir, ante amenazas exógenas, heredadas, estructurales, y las demandas populares para atender los altos déficits sociales, un consenso básico económico-social, promover la confianza, reducir la incertidumbre.
El sector privado debe abandonar su práctica conservadora del crecimiento, necesita comprender la conveniencia de reducir la iniquidad. La mesa no ha quedado servida para todos y todas. Es indispensable la participación, control y movilización social, fortalecer la descentralización de la gestión pública y el desarrollo local. Tengo confianza que el país, a pesar de la adversidad, tiene oportunidades. Confío en que todas las personas apostemos por ellas y atendamos los problemas fundamentales sin desgastar nuestras limitadas capacidades en discusiones inútiles. El tiempo corre, no dejemos se nos vaya de las manos.
